Legalidad de las Apuestas Online en España
Durante aproximadamente 150 años, a los residentes en España solo se les permitió participar en loterías públicas hasta que el Real Decreto 16/1977 despenalizó los juegos de azar basados en habilidades y regulara los aspectos penales, administrativos y fiscales del juego.
El marco legal se ha mantenido sin alteraciones desde entonces, hasta que el gobierno se percató de la necesidad de cuenta de implantar nuevos mécanismos reguladores en el jeugo online.
La Ley 13/2011 abrió el sector y permitió a los operadores de casinos ofrecer legalmente sus servicios a los residentes españoles al tiempo que se protegían los intereses de las partes involucradas y se evitaba el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Hoy en día, los proveedores de servicios tienen que tratar con la Dirección General de Ordenación del Juego, el organismo del Ministerio de Economía que “regula, autoriza, supervisa, controla y, si es necesario, penaliza las actividades de juego en el estado español”.
Los operadores pueden ofrecer legalmente servicios actividades de juego online solo si obtienen la licencia correspondiente; los permisos expedidos por otros Estados no son válidos en España, por lo que aquellos estados reconocidos por el Área Económica Europea también deberán solicitar una licencia española.
Los únicos que pueden hacerlo son individuos o empresas con nacionalidad española o la nacionalidad de un país del Espacio Económico Europeo con al menos un representante permanente en España.
Los operadores pueden solicitar una licencia general a través de las licitaciones aprobadas por el Ministerio de Economía, publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Para proteger el interés público y a los menores de edad, así como para prevenir la adicción al juego, el número de operadores es limitado. La experiencia de los solicitantes, su solvencia y los recursos disponibles son algunos de los criterios que se tienen en consideración.
Capital Social Mínimo
El procedimiento define el capital social mínimo y los solicitantes deben presentar un plan operativo que tenga en cuenta los principios de juego responsable, el entrenamiento de los empleados, los canales de distribución, el diseño del juego, etc.
Los sitios autorizados potenciales deben proporcionar una lista de miembros de la junta directiva, ejecutivos y gerentes, definir la naturaleza, los métodos y los tipos de actividad sujetos a licencia, especificar el territorio en el que se llevará a cabo la actividad, las condiciones de los premios otorgados por juego o apuesta y las cantidades de los mismo, la lista de sistemas, equipos, aplicaciones e instrumentos técnicos que se utilizarán, y los mecanismos de prevención del fraude y de lavado de dinero.
También se deben establecer procedimientos y mecanismos para prevenir el acceso a los participantes vulnerables y, en particular, a los menores de edad. Los sitios autorizados pueden ofrecer servicios de juegos de apuestas online en el territorio nacional y crear un sitio web específico con un nombre de dominio ".es".
Validez de la Licencia
Las licencias generales tienen una validez de 10 años y pueden renovarse por un período igual de tiempo. La operación de cada tipo de juego incluido en el objetivo de la licencia general requiere la adjudicación de una licencia de operación singular válida durante al menos un año y un máximo cinco años y es renovable por períodos posteriores de la misma duración.
En cada solicitud, el Registro electrónico emite automáticamente un recibo firmado electrónicamente y cada solicitud resulta en la apertura del procedimiento correspondiente, que finalizará en un plazo de seis meses. Durante este tiempo, la DGOJ examinará la documentación proporcionada, incluyendo el proyecto técnico, los informes de acreditación preliminares y el cumplimiento de los requisitos de las normas de juego, y otorgará o denegará una licencia.
Los operadores deberán pagar una serie de comisiones, entre las que se incluyen 38.000 € por la emisión de opiniones técnicas que evalúan el cumplimiento de los sistemas de juego, 2.500€ para las inscripciones en el Registro General de Licencias de Juego, 10.000€ por cada licencia y 100€ para cada autorización, 5.000€ para las inspecciones o acciones de confirmación técnica, y 0,75 por mil de los ingresos de explotación brutos.
También deberán proporcionar una garantía en forma de efectivo depositado en la cuenta establecida por la Dirección General de Regulación del Juego, una hipoteca constituida sobre inmuebles ubicados en España, garantías presentadas por entidades de crédito autorizadas, o seguro de garantía otorgado por entidades de seguros autorizadas.
La misma ley establece que los participantes del juego tienen derecho a recibir "información clara y precisa sobre las reglas del juego en el que desean participar, recibir los premios que se les deben en el momento y a través de los formularios establecidos, presentar reclamos a la Comisión Nacional del Juegos"contra las decisiones de los operadores que afecten negativamente sus intereses, tener información en todo momento sobre la cantidad que ha apostado y el saldo restante, garantizar la protección de sus datos personales y recibir información sobre el juego responsable".
Los operadores son responsables de la exactitud de los datos del usuario y de la identificación correcta de los participantes, debido a que los clientes deben proporcionan su número de identificación nacional (DNI) o número de identificación (NIE).
Los proveedores de servicios autorizados también tienen que establecer los procedimientos adecuados para garantizar que los datos del usuario permanezcan privados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 y solo se les permite procesar la información necesaria para llevar a cabo la actividad de juego de manera adecuada.
El software y los sistemas usados deben ser aprobados por el mismo organismo regulador y los operadores deben tener una Unidad de Juego Central que registre todas las acciones realizadas por los usuarios, con copias de seguridad para permitir la recuperación de datos en caso de cualquier tipo de incidencia. La Unidad Central debe poder ser monitoreada desde el territorio español por la Comisión Nacional del Juego, independientemente de su ubicación.
El organismo regulador tiene el deber de supervisar, controlar, inspeccionar y penalizar las actividades relacionadas con el juego, así como enjuiciar los juegos no autorizados llevados a cabo dentro o fuera del estado español. Puede exigir a cualquier proveedor de servicios de pago que brinde información sobre los operadores sin licencia o que detanga cualquier servicio que pueda estar proporcionando.
Las autoridades reguladoras aparentemente utilizan la compra simulada para identificar sitios no autorizados disponibles para jugadores españoles. El regulador crea una cuenta, intenta realizar un depósito utilizando un método de pago español e intenta realizar una apuesta. Si tienen éxito, el servicio se considera disponible.
La ley española se dirige exclusivamente a los operadores y de ninguna manera limita el derecho de los jugadores a participar en juegos de azar online donde lo deseen. Sin embargo, deben ser conscientes de los riesgos relacionados con hacer apuestas con dinero real en sitios que operan sin una licencia de la DGOJ.